La citada solicitud se le había formulado en escritos anteriores y también en pleno, por lo que en último escrito le recordaba que debía contestar en los cinco días que predetermina la Ley.

Con fecha 11 de Junio, se me entrega notificación en la que se indica que se ha dictado decreto nO2861/10 del siguiente tenor literal:

‘‘ Vista la petición formulada por el Concejal D. Andrés Martín Díaz, de fecha 7 de junio de 2010 en virtud del cual solicita se le dé acceso al expediente instruido por el Letrado Sr. Landero, así como facilitar copia del decreto 308/10.
Puesta esta Alcaldía en contacto con la Asesoría Jurídica e informado por parte de la concejala que el Sr. Instructor del mencionado expediente se encuentra de baja por enfermedad, y como quiera que el mismo aún no se encuentra ultimado, hallándose pendiente de la práctica de diligencias y por tanto no siendo factible ofrecer información sobre el contenido del mismo a la vista de que supondría dar publicidad a extremos obrantes en el expediente que pudieran distorsionar la buena marcha del mismos, es por lo que al amparo del arto 14.3 del ROF. y visto el informe jurídico del Letrado Asesor D. Ricardo Emilio Fernández de vera Ruiz, de fecha 10 de junio de 2010.

RESUELVO:
1°._ Acceder parcialmente a la petición formulada por el Concejal D. Andrés Martín Díaz en lo relativo a los trámites de instrucción que se han llevado a cabo por el Departamento de Asesoría Jurídica y no obstante lo anterior entregar las resoluciones que obran en dicho expediente acordada por esta Alcaldía Presidencia”.
Desde el pasado 11 de Junio y hasta la fecha, por los datos que he podido obtener, el funcionario sigue de baja, sin que pueda estimarse de manera objetiva cuando pueda producirse el alta. Y siendo evidente que existen bastantes mas letrados con suficiente capacitación y aún mayor antigüedad y con sobrada experiencia, solicitamos que se arbitre
la decisión que corresponda, para que se me respete mi derecho a obtener la información requerida y el expediente se concluya, dada la importancia del mismo.

En la misma se me aclaró que fiscalía solo interviene y da viabilidad a los expedientes que se inician para declarar a esta personas incapacitadas, si por quienes inician los expedientes, se aportan certificaciones médicas, que demuestren que las mismas pueden ser peligrosas para si mismas y si comportan algún tipo de peligrosidad hacia otras personas.

Por lo que deduzco que ese es el motivo por lo que se archivan o no se impulsan las actuaciones promovidas por el ayuntamiento en este caso al no haberse aportado las citadas certificaciones. En mi opinión si eso es tan obvio y se mantiene como el procedimiento habitual, estimo que debe ser tenido en cuenta, aportando el correspondiente certificado que demuestre esa realidad si realmente es la que existe.

Le vuelvo a reiterar que nuestro interés en este caso, se concreta en intentar buscar para esta persona un lugar y un entorno mas humano, digno y adecuado, que el actual, por estimar que por su edad y circunstancias, debe dejar de estar en la calle y en las condiciones actuales. Por lo que o bien se investiga si las iniciativas en marcha cumplen los requisitos que vienen siendo exigidos por Fiscalía, o bien se asume como obligación social y se trabaja -en y desde los Servicios Sociales- para buscar una solución digna para esta persona y así garantizarle unas condiciones vitales mínimas.

Por otro lado y conociendo que por parte de un colectivo social se está planteando un caso parecido en el que parece que resulta fácil demostrar que cumple las condiciones requeridas por Fiscalía, sugiero que al margen de darle una solución provisional que dignifique las condiciones actuales de esta persona, se actúe también para darle una solución mas definitiva.