Después  que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han reclamado a nuestro Ayuntamiento, la devolución de 6,4 millones de euros por ayudas públicas que no fueron destinadas a los fines para los que fueron concedidas, el PP ha reconocido  que empleó dinero de subvenciones para hacer frente al pago de nóminas municipales cuando gobernaba el Ayuntamiento.Resulta irónico que tras reconocer lo arriba expuesto el PP, pretenda imponerlo como modelo de gestión para   momentos de crisis.
Al parecer la lección a aprender  según el PP, es que todo el dinero que llegue a la ciudad  hay que destinarlo al mismo fin, pagar nóminas, sin importar,  el resto de los ciudadanos, que al parecer  no tienen derechos, tampoco tiene importancia, que luego haya que devolver el importe.Nada importó hacer crecer la deuda a futuro ni que esa deuda haya de ser pagada por los mismo de siempre ¡los ciudadanos!

No se preocuparon de garantizar a los linenses la prestación de unos servicios sociales básicos y se ampararon en la resignación fatalista de los ciudadanos, en el descrédito generalizado de la  clase política, de la democracia y de sus principios fundamentales. Pero alguna vez,  toda la ciudadanía, mostrara su hartazgo  y reaccionará de forma  fuerte y contundente, dispuesta a cortar de raíz una situación insostenible.

Cuando en un organismo público que recibe subvenciones presupuestarias se producen casos como este, es evidente  que hay un gran fallo de la vigilancia, exigible a los que ostentan los cargos de mayor y más alta responsabilidad.

Por higiene democrática y por respeto a las instituciones no es aceptable que quien tiene la responsabilidad, mire para otro lado de forma sistemática cuando lo que está en juego es la credibilidad pública. ¿Cuándo, en este país, se tomaran  medidas contra el patrimonio de los concejales y concejalas responsables  de una gestión económica desastrosa? Una vez contabilizada la deuda, y sus causas, quiénes la generaron, deben pagar judicialmente y con su patrimonio personal por ella.  Se hace fundamental que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y la ciudadanía en general analicen desde sus diferentes perspectivas hasta qué punto son responsables de esta situación los concejales que han ocupado su asiento los últimos años.

No es justo que el erario público en exclusiva sufra las consecuencias. Si la irresponsabilidad en las decisiones se demuestra, los concejales y concejalas deberían ser responsables del desastre con su patrimonio, en la cuantía en que provocaron la deuda

En Izquierda Unida consideramos fundamental clarificar las responsabilidades de cada cual y hasta qué punto se ha  jugado de modo irresponsable con el patrimonio público. Si con estas medidas podemos reducir en parte el sacrificio que ya hacen los vecinos y vecinas de La Línea, nos daríamos por satisfechos.